Sentencias del Tribunal Supremo sobre la OPS de Bankia

Sentencias del Tribunal Supremo sobre la OPS de Bankia

El plazo para el ejercicio de la acción pidiendo la nulidad de la contratación de la compra de las acciones en el marco de la OPS de Bankia tiene un plazo de caducidad de CUATRO AÑOS.

Este plazo de caducidad que viene fijado en el artículo 1301 del Código Civil ha de contarse desde la consumación del contrato.

Pero consumación del contrato no ha de confundirse con perfeccionamiento del contrato. Reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (en concreto, la fijada a partir de la sentencia del Pleno de 12 de enero de 2015, que se constituye en doctrina) ha venido a señalar que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la existencia de error.

Con este planteamiento, la sentencia concluye que el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será cuando se produzca en el desarrollo de la relación contractual un acontecimiento que permita la comprensión real de las características y riesgo del producto que se ha adquirido mediante un consentimiento viciado.

Aplicando la anterior doctrina a nuestro caso, lo cierto es que podrían barajarse varias fechas, estando la primera de ellas muy próxima, como seguidamente veremos:

  1. La fecha de la reformulación de las cuentas, suspensión de la cotización en Bolsa y solicitud de una inyección de capital de 19.000 millones de euros (25 de mayo de 2012).
  2. La fecha de la reducción del valor nominal de las acciones y posterior reagrupación de acciones (contrasplit) por el FROB (según acuerdos adoptados el 16 de abril de 2014).
  3. La fecha de emisión del Informe de los Inspectores del Banco de España en el marco del procedimiento penal iniciado a instancia de UPyD que se tramita ante la Audiencia Nacional (4 diciembre de 2014).

Por ello, hasta que no conozcamos la vía mayoritaria que adopten los tribunales para dilucidar este punto, la prudencia aconseja interponer su demanda antes de mayo de 2016.

Adicionalmente, dos sentencias dictadas por el pleno del Tribunal Supremo vienen a respaldar la nulidad de las adquisiciones de acciones en el marco de la OPV de Bankia

Ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación esta noticia por su interés. En síntesis, Bankia interpuso ante el Tribunal Supremo dos recursos contra dos sentencias dictadas por diferentes audiencias provinciales (Sección Novena de Valencia y Sección Quinta de Oviedo). Pues bien, el Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Bankia, sentando doctrina jurisprudencial.

Ambas sentencias se dictan por el Tribunal Supremo, constituido en Pleno, el 3 de febrero de 2016:

ROJ: Sentencia 91/2016 (ponente Excmo. Sr. Don José Pedro Vela Torres) y

la ROJ: Sentencia 92/2016 (ponente Excmo. Sr. Don Rafael Sarazá Jimena).

En concreto se estima en ambas que existe un vicio en el consentimiento y ello porque nada tenía que ver lo expuesto en el folleto informativo que BANKIA facilitaba a los potenciales inversores con la situación real de la entidad. En el folleto se presentaba una entidad saneada y con importantes beneficios cuando poco tiempo después esta misma entidad pedía un rescate.

Por ello, la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo es la misma que a la que ya llegaron los Juzgado de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales: si a esos potenciales inversores se les hubiera informado sobre la situación patrimonial real de la entidad, jamás habrían decidido invertir en Bankia y convertirse en accionistas de la entidad.

Otro punto interesante es que el Tribunal Supremo establece que no existe prejudicialidad penal y que por tanto no cabe estimar la pretensión de Bankia de suspender la avalancha de procedimientos civiles hasta que concluya el procedimiento que se está tramitando ante la Audiencia Nacional (causa penal): en nada influye el resultado del procedimiento penal para la apreciación del juez civil sobre si existe o no un vicio en el consentimiento del inversor que acude a la OPV atendiendo a la información que facilita la propia Bankia.

No se sabe cuál va a ser la postura que va a adoptar Bankia ante estas dos sentencia del Tribunal Supremo.

No se tienen noticias sobre qué hará Bankia, sí ha existido una serie de artículos que han apuntado a que el Gobierno quiere que se vuelva a acudir al arbitraje, y que se están barajando en la entidad soluciones extrajudiciales ante la avalancha de demandas que pueden seguir a estas dos sentencias. El interés de Bankia por llegar a una solución diferente a la de acudir a un procedimiento judicial radica en que si se sigue un pleito, la estimación de la demanda del inversor conlleva que Bankia tenga no sólo que devolver principal e intereses de la inversión, sino también pagar las costas en que ha incurrido el demandante (pagar los honorarios de su abogado y de su procurador).

Lo desconcertante es  que el precedente que existe en Bankia con el arbitraje no es nada alentador. Y es que hace dos años se posibilitó la vía del arbitraje para las participaciones preferentes. Pero a un gran porcentaje de clientes se les denegó la posibilidad de acudir al arbitraje, al entender que si el bloque documental que se facilitaba para contratar las preferentes estaba firmado, Bankia había actuado correctamente (cuando precisamente se mantenía que la firma de ese “papeleo” era un requisito meramente formal y no real, que se usó no en protección del cliente sino de la propia entidad). También influyó el importe de la inversión (cuanto más baja fuera, mayor posibilidad había de que Bankia accediera al sometimiento a arbitraje).

Desconociendo al día de la fecha si se propondrá una vía extrajudicial y cuál será el criterio a  seguir, es prudente que las personas que hayan adquirido en la OPS sus acciones tomen contacto con un abogado a fin de consultar, y en su caso, preparar su demanda. Y con mayor motivo hoy en día, al contar con el respaldo del Tribunal Supremo.

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